En juicio abreviado, el docente Ricardo Runge fue condenado a tres años de prisión efectiva, como responsable de hechos vinculados a la tenencia y distribución de pornografía infantil.
La Cámara Segunda del Crimen leyó la lectura. La causa -iniciada en 2009- generó revuelo en la sociedad de Bariloche.
Los jueces Silvia Baquero Lazcano, Héctor Leguizamón Pondal y César Lanfranchi, integrantes del tribunal de la Cámara Segunda del Crimen, homologaron el acuerdo que alcanzaron las partes en el marco de un juicio abreviado e impusieron una pena de tres años de prisión efectiva al docente Ricardo Runge, de unos 69 años, integrante de una destacada familia barilochense, como autor penalmente responsable de los delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil.
El pedido de juicio abreviado fue realizado por el fiscal de grado Eduardo Fernández. Ocurrió que por la licencia médica del fiscal de Cámara Enrique Sánchez Gavier, la Procuración General de la provincia lanzó una directiva para que los fiscales que habían actuado en la instrucción de cada causa, sean los responsables de sostener la acusación durante el juicio.
En ese contexto Fernández tomó el expediente e intentó acercar posiciones para arribar a una resolución favorable, considerando que en pocos meses el caso estaba por prescribir y que había una enorme cantidad de planteos defensivos todavía sin resolución. Desde el inicio de la causa hasta hoy, el expediente había ido varias veces al Superior Tribunal de Justicia, producto de incesantes planteos dilatorios presentados por el difunto abogado Omar Costa.
La causa, atribuía a Runge, separado de su cargo de docente del CET N° 2, los delitos de distribución, facilitación y tenencia de pornografía infantil con fines inequívocos de comercialización, que tiene una pena establecida por el Código Penal de entre 6 meses y 4 años de prisión.
Al ser procesado, se le imputaron cinco hechos que incluyen la divulgación de 388 archivos con imágenes de menores que no habían cumplido los 18 años de edad "realizando actividades sexuales explícitas o exhibiendo sus genitales con fines predominantemente sexuales" entre el 16 de diciembre de 2008 y el 1 de julio de 2009, según consta en el acta de procesamiento. Además se le imputa haber facilitado a terceros otros 196 archivos de imágenes de menores realizando actividades sexuales desde su domicilio particular ubicado en la calle San Martín. También consta entre los hechos el almacenamiento con fines distributivos de 4.050 imágenes de menores realizando actividades sexuales o exhibiendo sus genitales y 133 videos, que fueron secuestradas de su domicilio en dos computadoras personales de escritorios, otras tantas notebook´s, pendrivers y CD´s. Runge había reconocido en su indagatoria haber tenido y observado ese tipo de material, aunque explicó que la curiosidad y su compulsión lo habían movilizado a hacerlo, descartando ser un coleccionista.
En el año 2009, en el marco de una investigación internacional con ramificaciones en la Argentina, fue allanado el domicilio de Runge, donde se secuestró una importante cantidad de pruebas: CDs, DVDs, discos rígidos de computadoras, y pendrives, entre otros. En esos soportes, el ahora condenado almacenaba -desde el 16 de diciembre de 2008 al 1 de julio de 2009- fotos y videos de menores en prácticas sexuales. Ese mismo año, 2009, Runge fue procesado, en una sentencia en la que se excluyó a su mujer –ya fallecida- Alicia Domínguez de Runge y su hijo discapacitado, José Hilario Runge.
El acuerdo propuesto por el fiscal Fernández, contó con la aprobación de la abogada Natalia Natalia Araya, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que actuó como querellante y también por el abogado Marcelo Ganuzza y del propio imputado.
En el marco del acuerdo, la defensa desistió de todos los planteos que estaban pendientes de resolución, también la fiscalía hizo lo propio respecto de otras incidencias de la causa. En tanto que una parte de la acusación que se había desprendido por diferentes defectos formales, también se dio por concluida como parte del acuerdo.
En el día de ayer, al conocerse la sentencia la defensa presentó un pedido de arresto domiciliario, que deberá ser tratado por la Cámara Segunda del Crimen, argumentando que es el único sostén de la familia y el único cuidador de su hijo discapacitado.
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El Cordillerano
